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MAGNICIDIO

Carmen Frei Ruiz-Tagle

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Fragmento

PRÓLOGO

La noche del día 22 de enero de 1982 junto a tres compañeros de la Vicaría de la Solidaridad, una vez terminada la misa celebrada por el Cardenal, quedamos a cargo de esperar en la catedral de Santiago el féretro de don Eduardo Frei Montalva, quien había fallecido pasadas las cinco de la tarde en la clínica Santa María. Dado que el cuidador del recinto debía retirarse nos dejó la llave, puesto que nosotros desde la vicaría teníamos acceso interno. Pensamos que una vez terminada la misa, alrededor de las nueve de la noche y dada la hora del fallecimiento, estaría próximo a llegar el ataúd; sin embargo, transcurrieron casi tres horas antes que ello ocurriese. Durante ese largo rato en la soledad de la Catedral y en la espera nocturna, nos preguntamos muchas veces las razones que podrían demorar tanto el arribo.

Una vez instalada la urna en la Catedral; la que llegó acompañada de familiares y jóvenes democratacristianos, procedimos al cierre y nos retiramos a nuestros hogares. Recuerdo con nitidez que atravesando la Plaza de Armas camino al estacionamiento, seguimos conversando del atraso.

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Esta cuestión me dio vuelta muchos años y fue lo primero que recordé cuando la familia Frei me planteó la posibilidad de hacerme cargo de la asesoría jurídica de la investigación de su muerte.

Y la respuesta surgió muchos años más tarde precisamente de esa investigación: el retraso en la entrega del cuerpo se originó en la intervención de terceros (médicos de la Universidad Católica), desconocida incluso para la familia; debo confesar que jamás pudimos imaginar en ese entonces algo semejante.

Acepté el encargo profesional de la familia Frei por diversas razones: la persona de don Eduardo Frei Montalva merecía un profundo respeto y el esclarecimiento de las dudas en torno a su muerte lo estimaba un imperativo del país; luego, los elementos de las dudas apuntaban a uno más de los crueles actos de eliminación de opositores llevado adelante por la dictadura; finalmente, mi experiencia de tantos años en investigaciones como miembro del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y de la Vicaría de la Solidaridad, me permitían adentrarme en los laberintos de la represión.

Los hechos investigados y los hallazgos obtenidos son debidamente reflejados por Carmen en este libro, sin dejar de considerar que la historia acumulada en torno a ellos es inmensa y difícil de abordar completamente en un testimonio como este.

Para efectos de configurar una investigación criminal debían presentarse al tribunal elementos determinados que condujeran al inicio de la misma, los que se fueron estableciendo a través de otros hechos criminales de la dictadura de similar naturaleza, esto es, muertes causadas por envenenamiento o destinadas a eliminar posibles partícipes en hechos de esa naturaleza y relacionadas con personas a quienes la dictadura decidía que debían ser eliminados para facilitar su accionar. Particularmente, en estas últimas dos hipótesis, el asesinato de Eugenio Berríos Sagredo, «el químico de Pinochet» y en el caso de los envenenamientos, el del cabo Manuel Leyton Robles, agente de la DINA eliminado por ese organismo por haber develado a funcionarios de Carabineros antecedentes de sus operaciones relacionadas con detenidos desparecidos con motivo de un incidente policial; el de presos políticos de la Cárcel Pública, acción destinada probar el método de envenenamiento; el del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, don Renato León Zenteno, para obtener la inscripción de propiedades de jerarcas de la DINA ubicadas en Peñalolén que él había objetado; el de Carmelo Soria Espinoza, por su condición de funcionario internacional y sus vínculos políticos; el intento de envenenamiento del general Odlanier Mena Salinas, sucesor de Manuel Contreras Sepúlveda en la CNI, organismo que reemplazó a la DINA. Y, en el caso de otras hipótesis, el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, por la cercanía en el tiempo de ambos hechos y por su relevancia como dirigente sindical opuesto a la dictadura, como lo era Frei Montalva como dirigente político; la muerte en condiciones similares del General Augusto Lutz Urzúa, quien había manifestado oposición a los métodos empleados por Manuel Contreras.

El progreso de la investigación del asesinato de Eugenio Berríos proporcionó los antecedentes suficientes para interponer, el 21 de octubre de 2002, una primera querella criminal por los delitos de asociación ilícita y obstrucción a la justicia en contra de quienes estuvieron envueltos en ese hecho, respecto de la muerte de Eduardo Frei Montalva. Más adelante, esa investigación abrió las puertas a la interposición de una querella por homicidio. En el caso del crimen de Berríos Sagredo, se logró acreditar fehacientemente que se inició con una orden dada por el propio Pinochet al director de inteligencia militar, el general Hernán Ramírez Rurange, según este lo declaró en el proceso; esta circunstancia constituye un caso único en que se estableció la participación personal del dictador.

Una de las cuestiones relevantes de estas investigaciones fue que sus resultados no solo arrojaron luz sobre los hechos, sino que permitieron identificar partícipes que se repetían en los distintos crímenes de la misma naturaleza. Un ejemplo notable fue el del médico de la DINA presente en la clínica London al momento de la muerte del cabo Leyton, quien se desempeñaba también como médico de la clínica Santa María y, más aún, fue el médico a cargo de la clínica al momento del fallecimiento del ex presidente Frei y quien como tal asumió la responsabilidad de disposición del cuerpo, oportunidad en que dos médicos externos llegaron a hacer la intervención hasta entonces desconocida. O que el mismo personaje de los organismos de seguridad que tuvo a su cargo durante años el operativo de control y seguimiento de las actividades de don Eduardo, fuese también el que tuvo a su cargo el operativo de sacar del país a Berríos y mantenerlo bajo condiciones de control en Uruguay.

El avance de una investigación criminal depende en gran medida de la actividad que despliegue el juez a cargo de ella y, en este caso, ello fue muy bien ejecutado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago designado especialmente para tal efecto por el pleno de ese tribunal, don Alejandro Madrid Crohare. De la misma forma, es clave un equipo policial investigador, que en este caso fue conformado en sus etapas vitales por Nelson Jofré Cabello y Palmira Mella San Martín, quienes con inteligencia fueron desentrañando cada hecho, con actuaciones transcendentales como los descubrimientos en las fichas de la clínica Santa María, entre varias.

Durante el largo periodo que desempeñé mis funciones en este proceso, me sorprendió que más allá de la familia, no hubo manifestaciones de colaboración de sectores que se podría haber esperado lo hubiesen hecho. Al fin y al cabo don Eduardo Frei Montalva fue un personaje político de especial relevancia para el partido en el que militaba y al que representó en los más altos cargos públicos de la Nación, para grupos relevantes de la sociedad que se vincularon con él, para personas de la vida nacional que trabajaron junto a él en distintas posiciones y funciones. Incluso, me sorprendió cuando meses antes de que se dictaren los procesamientos en la causa, al advertir a una alta autoridad de Gobierno que ello ocurriría dentro de un mediano plazo para que estuviese informado, me respondió que no veía ningún problema en ello, que semejante noticia no tendría repercusión alguna.

He tratado siempre de entender esa falta de apoyo para una investigación de la relevancia de la muerte de un Presidente de la República; me ha sido muy difícil llegar a una conclusión certera.

A pesar de lo anterior, se tejió una descripción muy completa y pormenorizada de los hechos que significaron finalmente el procesamiento de seis personas como responsables del delito; las pruebas reunidas en el proceso son múltiples, todas conducentes a una verdad que refleja el procesamiento, ninguna de las pruebas difiere de las otras. Los hechos registrados en los años previos a la muerte, los mecanismos de creación de elementos químicos para eliminar opositores, lo ocurrido en el entorno de la hospitalización y procedimientos en la clínica Santa María y, por último, la intervención de los médicos de la Universidad Católica destinada a eliminar todo trazo del delito cometido. Todo apunta a un solo fin: eliminar un opositor que incomodaba los planes del dictador, sin dejar rastros, ni permitir que investigaciones posteriores pudieren esclarecer lo ocurrido.

El libro que nos presenta Carmen Frei Ruiz-Tagle contiene una exposición emocionante de la persona de don Eduardo, como esposo, padre de familia, político. Y el relato de las vivencias familiares y de los dolores que trajeron los descubrimientos de la investigación criminal, algunos dramáticos que personalmente me significó una dura tarea transmitírselos a ellos, ilustra hitos relevantes de la investigación judicial, que desentrañó los hechos más allá de lo predecible. Junto a Carmen y su esposo Eugenio Ortega, quien impulsó con mucha fuerza las acciones de investigación y estuvo de modo permanente tras ellas, recorrimos el doloroso camino de las averiguaciones y los hallazgos del sufrimiento y padecimientos de don Eduardo los últimos años de su vida en que fue vigilado, intervenidas sus comunicaciones, hostigado y, particularmente, sus dramáticos días desde el reingreso a la clínica después de la operación.

Eduardo Frei Montalva fue un humanista, su pensamiento se encuentra en varios escritos, desde Chile desconocido, Política y espíritu, Aún es tiempo, La verdad tiene su hora, y ya en época de dictadura El mandato de la historia y las exigencias del porvenir, Futura institucionalidad de la paz en Chile, América Latina, opción y esperanza hasta El mensaje humanista, escrito en julio del año 1981, en el que expresó que «la defensa de los derechos humanos es un leit motiv repetido y constante; la afirmación de una sociedad en q ...