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MITOS Y VERDADES DE LAS AFP

Alejandra Matus Acuña

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Fragmento

Prólogo

El 24 de julio de 2016, la sociedad chilena fue sorprendida por una marcha multitudinaria, que se replicó en todo el país bajo una consigna única y severa: «No+AFP». Luis Mesina, hasta entonces un desconocido dirigente sindical, se convirtió en forma instantánea en un líder afamado e influyente. Tal como nos gusta decir a los periodistas, esa manifestación «cambió la agenda» e hizo aflorar una inquietud que hasta entonces era más o menos ajena para los actores políticos.

En ese momento, se me vinieron a la mente reportajes que hicimos hace más de diez años en el semanario Plan B sobre las deficiencias del sistema de pensiones, un tema que pregonaba, más bien en solitario, el economista Manuel Riesco, y también otros trabajos sobre los privilegiados del actual sistema de pensiones, como militares y ministros de la Corte Suprema.

La irrupción de Mesina reavivó mi curiosidad periodística y de manera inorgánica comencé a reunir información. Parte de los datos llegaron a mí casi por casualidad y porque una fugaz experiencia televisiva motivó a sus portadores a hacérmela llegar. Otra parte la busqué intensamente para intentar responder ciertas preguntas.

Recibe antes que nadie historias como ésta

Lo que más me interesaba averiguar era si afirmaciones que se repiten una y otra vez en el debate que ha enfrentado a partidarios y detractores del sistema son ciertas.

Sumergirse en la historia del nacimiento, evolución y forma de funcionamiento del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) exige conocer y entender antecedentes de una alta complejidad técnica. No obstante, creo que precisamente esa es la obligación del periodismo: tratar de comprender temas complejos de alta relevancia pública, para explicarlos a los ciudadanos a los que los técnicos espantan con sus cuadros estadísticos y jerga especializada. En este caso, uno de los mitos más recurrentes es decir que los trabajadores son dueños de los fondos previsionales y, sin embargo, se hace muy poco para que ellos comprendan los asuntos que están en el centro de la discusión sobre el sistema chileno de pensiones, y mucho menos, por incorporarlos al debate.

Mientras buscaba contrastar estos antecedentes con fuentes de la Asociación de AFP, fui interrogada sobre mis propósitos y sobre la posible existencia de un mandante misterioso para este libro. Por si este trabajo despertara la misma suspicacia en otras personas, aprovecho de aclararlo aquí: nadie me ordenó, pidió, ni pagó por escribir este libro. Fui yo quien propuso la idea de hacerlo a la editorial Penguin Random House, que aceptó publicarlo, y recibiré por él la remuneración normal de una autora.

En cuanto a las motivaciones, en mi doble condición de periodista y trabajadora, cotizante del sistema de AFP, sentí una obligación ineludible de abordar este tema. Fue mucho más difícil de lo que pensé. Debí someterme a estresantes sesiones de entrevistas con especialistas, lectura de documentos y revisión de estadísticas. El tipo de reporteo que más me cuesta, especialmente porque no soy experta en finanzas ni en economía. No obstante, ninguna de esas dificultades apagó mi curiosidad, y espero que los hallazgos que presento en este libro beneficien precisamente a quienes se sienten inhibidos de participar en la discusión por falta de conocimientos.

Agradezco la ayuda desinteresada de amigos y personas que me facilitaron la comprensión de asuntos que parecían encriptados, o que me ayudaron a encontrar información esencial: mi ayudante de investigación, Javier Muñoz; mi colega y estudiante de doctorado en sociología, Nicole Etchegaray; mi jefe y director de la Escuela de Periodismo de la UDP, Carlos Aldunate; el investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman; el periodista y autor, especialista en economía, Manuel Délano; el jefe de comunicaciones del Instituto de Previsión Social, Pedro Vallette, y de los funcionarios de la Asociación de AFP que atendieron mis consultas. De algunos, me reservo los nombres por respeto a sus deseos de anonimato. Otros aparecen entrevistados en estas páginas. Agradezco también a mi marido, Beto Barrera, y a mis hijos Alejandro y Alberto, por su paciencia y por regalarme las horas necesarias de escritura concentrada que me permitieron terminar esta obra.

Intenté chequear y contrastar todas las afirmaciones que aquí se hacen, pero, con todo, algún error inintencionado puede haber quedado. Si es así, la responsabilidad es solo mía y quedo disponible para quejas y correcciones.

Este libro, como verán, aborda en siete capítulos distintos mitos bastante extendidos sobre el sistema de AFP. Con el propósito de no desviar la mirada de allí, dejé fuera temas igualmente importantes, pero que requieren su propio tratamiento profundo y detallado, como el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y policías, el único «sindicato» que hizo oír la voz de sus demandas mientras se discutía la reforma que dio origen a este sistema. Tampoco se abordan instituciones colindantes, como las Cajas de Compensación. Y de los diferentes tipos de pensión, se tratan principalmente las de vejez, pues están en el corazón del debate actual. Si hay omisiones que les parezcan imperdonables, son también de mi exclusiva responsabilidad.

ALEJANDRA MATUS,

Santiago, 1 de septiembre de 2017

Capítulo I

MITO: LAS AFP SON CREACIÓN

DE PINOCHET

El mito primordial

Quizá el primer gran mito que existe en torno al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, es creer que la dictadura militar tenía una opinión monolítica acerca de las bondades del sistema que proponía el entonces ministro del trabajo José Piñera, y que todo lo que tuvo que hacer fue dictar un decreto y ponerlo en marcha. Es el propio Piñera quien relata en su libro El cascabel al gato. La batalla por la reforma previsional que su obra estuvo enterrada en un cajón, y que ahí se habría quedado si no hubiera tenido la astucia de dejar fuera del nuevo sistema a las Fuerzas Armadas.

José Piñera, el mayor de los hijos varones del clan Piñera Echeñique, de niño fue estudioso y meticuloso, lo que contrastaba con la personalidad de sus hermanos menores: Sebastián, Polo y Miguel, amigos del desorden y de los chistes (aunque —salvo Miguel— igual de competitivos que él en el plano escolar y, más tarde, académico). Cuando su padre, José Piñera Carvallo, fue nombrado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, José hijo se quedó en Chile, en la casa de sus abuelos, y nunca volvió al hogar materno. A pesar de la distancia que se produjo entre el solitario hermano mayor y el resto de la familia, en su juventud siguió los pasos de su padre y abrazó el ideario del Partido Demócrata Cristiano.

Aunque se lo considera un «Chicago Boy»,1 Piñera en estricto rigor no lo es, pues si bien estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Chile como ellos y en 1970 emigró a Estados Unidos, obtuvo el doctorado en Economía en la Universidad de Harvard (que es catalogada como menos dogmática que su par de Chicago). A su regreso, en 1975, ya estaba instalada la dictadura militar en Chile y fue contratado como académico en la Pontificia Universidad Católica.

José Piñera, dando la espalda a las convicciones de sus padres, no tardó en acercarse a los cuadros civiles de la dictadura en los momentos en que la Democracia Cristiana, mayoritariamente, había ido abandonando el apoyo al régimen. En 1977 apareció en primera fila en el acto de Chacarillas, en el que Augusto Pinochet anunció el itinerario institucional de su régimen, redactado en las sombras por Jaime Guzmán. En las fotos que retrataron la jornada, Piñera aparece en primera fila junto a Jovino Novoa, Miguel Kast y Gonzalo Vial.2

El año 1978 amenazaba con ser el peor para Pinochet: en Estados Unidos gobernaba el demócrata Jimmy Carter y se desvanecía el apoyo inicial que ese país le había dado. La investigación por el asesinato de Orlando Letelier, en Washington DC, pisaba los talones a su hombre de confianza, el coronel y director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras. Las denuncias de los familiares de detenidos desaparecidos iban subiendo de tono y, al amparo de la Iglesia católica, horadaban la imagen de su gobierno. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, desafiaba su autoridad y se acrecentaba la posibilidad de una guerra con Argentina. En ese contexto, el joven José Piñera publicó en la revista Ercilla una columna a página completa, bajo el título «Ahora o nunca».

En ella planteaba un diagnóstico catastrófico sobre el antiguo sistema de pensiones y proponía un camino de salida con argumentos dirigidos sin duda a quienes tomaban las decisiones en ese entonces: «Una injusticia abruma a los trabajadores chilenos: el sistema previsional», comenzaba diciendo. «La actual “seguridad social” les depara, casi con certeza, una vejez insegura. En nombre de la “solidaridad del sistema” se les castiga con un impuesto al trabajo que crea cesantía y deprime los salarios. Bajo la impunidad de organismos estatales “sin fines de lucro” se despilfarran los dineros en burocracias gigantescas, en privilegios intolerables, en inversiones erradas. Estos males son bien conocidos. El imperativo de reformar la previsión ha estado presente durante décadas en la agenda nacional, pero los intereses creados han bloqueado cualquier cambio sustancial. Actualmente temo que la principal barrera sea el peso de las viejas ideas».

Según su planteamiento, la previsión debía cumplir tres funciones: redistribuir ingresos (lo que se hacía hasta entonces por la vía de las asignaciones familiares), forzar el ahorro (para la futura jubilación) y proteger contra riesgos (accidentes, enfermedad, cesantía). Pero opinaba que el sistema vigente hasta entonces, y que estaba compuesto por diferentes «cajas» previsionales, no cumplía ninguna de ellas bien y a la hora de la verdad, pagaba «pensiones misérrimas».

«Ciento cincuenta organismos de seguridad social que ocupan cerca de 40 mil personas y que se rigen por más de dos mil textos legales, cobran un peaje burocrático que pagan los trabajadores, los cesantes y, en último término, toda la comunidad», fustigaba.

Cambiarlo, decía en su columna, no era complejo. Su idea era separar las tres funciones de la seguridad social: la «función redistributiva», cuya bondad reconocía en el pago de asignaciones familiares, debía ser cubierta por el Estado, en favor de los más pobres solamente. El resto —los seguros para los riesgos de la vida y las jubilaciones— debía ser entregado al mercado. Piñera decía que en esto el régimen debía mostrar coherencia:

«Los mismos principios del actual modelo económico, que están logrando en todos los campos un éxito sin precedentes, deben aplicarse en esta materia. La coherencia global de la política económica no puede ser vejada por los resabios socializantes que están impidiendo la modernización del país y que se han atrincherado detrás del actual sistema previsional (…) Que todas las formas de organización empresarial —las cajas estatales, las mutuales, las cajas de compensación, las compañías de seguros, los bancos, las cooperativas— compitan en igual pie, y debidamente reguladas por un Estado tutelar, para ofrecer a los trabajadores chilenos los más rentables planes de ahorro para las jubilaciones y los mejores seguros de salud».

Adelantándose a quienes pudieran criticar su idea por miedo al riesgo de dejar en manos privadas un asunto tan delicado, Piñera propugnaba la libertad de elección: el que quisiera quedarse en el viejo sistema podría hacerlo, pero por qué impedírselo a quienes quisieran optar por la alternativa privada.

«Basta ya de prejuicios y augurios tremendistas. Hágase la reforma que vale la pena hacer», decía José Piñera y, reconociendo que probablemente sería imposible aplicar sus ideas bajo un sistema democrático, planteaba como conclusión final: «Si el actual régimen no reforma la previsión, quizá ya no se podrá hacerlo nunca. Si lo hace, habrá removido el mayor obstáculo al progreso social, al desarrollo y al bienestar».3

El golden boy

En noviembre de 1978, la American Federation of Labour and Congress of Industrial Organization (AFL-CIO), la poderosa y anticomunista asociación multisindical norteamericana, logró que en una asamblea de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores se aprobara un boicot contra Chile por su política antisindical. El boicot consistiría en que los trabajadores portuarios asociados se negarían a descargar los productos chilenos en el extranjero, lo que podría ser particularmente pernicioso si se materializaba en Estados Unidos. La organización envió un emisario a Chile que se reunió con Pinochet en La Serena y le hizo saber que sin cambios en la política sindical no se detendría el boicot, fijado para enero de 1979.

La figura de José Piñera ya había llamado la atención de los ministros civiles y neoliberales que habían ido tomando puestos claves en el gobierno: no solo su columna en Ercilla les había impresionado, sino también una charla en la Universidad Católica de Chile en que el solitario doctor de la universidad más prestigiosa del mundo predicaba que aplicar el modelo en toda la economía traería el progreso y bienestar a Chile. Roberto Kelly, uno de los autores del programa neoliberal que se redactó antes del golpe para promoverlo tras el derrocamiento de Allende, y quien en ese entonces era min ...