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ABANDONADOS

Carolina Rojas  

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Fragmento

Daniel

Daniel Ballesteros fue apuñalado dieciocho veces en su dormitorio del CIP-CRC Metropolitano Norte Til Til. El adolescente había alertado en varias ocasiones a su familia, su psicóloga y a gente del recinto, de las amenazas que recibió de otro grupo de internos. En los libros de constancia quedó el registro del acoso. Tras su asesinato, el primer joven que falleció en el llamado centro «modelo» del Sename, comenzaron los cuestionamientos a la concesión y la dirección del servicio, quienes manejaban información del mal funcionamiento del CRC Til Til y que en un primer momento negaron la existencia de amenazas a Daniel.

El martes 30 de octubre de 2017, Eliana Pérez (52) luce abatida en un café en el centro de Santiago. El lugar está lleno, las otras mesas están ocupadas por oficinistas, clientes al paso que apuran un expreso; otros, conversan con las jóvenes de faldas cortas.

Eliana, cuerpo enjuto, anteojos, se peina con las manos el pelo teñido de rubio antes de saludar. Tiene una voz calma y la sonrisa fácil lo que le da un aire sensible, pero también cierta dureza, como la marca de los sobrevivientes. En su caso, la de una mujer humilde que le hace frente a una burocracia de abogados, al aluvión de documentos y expedientes en las oficinas del Servicio Nacional de Menores (Sename) de la calle Huérfanos.

Viene desde ese lugar. Fue a preguntar, como tantos otros días, en qué va el sumario por el caso del asesinato de su hijo Daniel, si hubo alguna sanción a los trabajadores que debían protegerlo. Mientras ordena un café, dice que no le dieron fechas, que nadie le dio una respuesta clara, eso la malhumora, la frustra. Está cansada.

El abogado de turno la calmó: le explicaron que el caso ya pasó a la Dirección Regional y que pronto estará lista la resolución sobre las responsabilidades administrativas del homicidio. Sabe que no pasará nada. En esa espera que se extiende, ya son cuatro años de preguntas, de trámites, pero sobre todo de mucha angustia. Para Eliana, todo orbita en el recuerdo de su hijo. Y ella no está dispuesta a ceder.

—Ya sé que no me llamarán, ha pasado tanto tiempo y aún no hay responsables en lo administrativo, en quienes tenían que cuidar al Dani, esa gente de Cercap nunca pagará —dice y da un sorbo a su café cortado.

Afuera es una mañana de primavera, pero hace frío. Eliana lleva un vestido terracota y un sweater delgado que deja asomar un tatuaje en el costado izquierdo de su pecho, que dice «Daniel».

—Este me lo regaló un vecino para subirme el ánimo. Fuimos donde un tatuador de avenida La Estrella y desde entonces ando con el Dani para todos lados —dice mientras reposa la mano sobre las letras de su pecho.

En ellos, en la gente humilde de su población y en esa generosidad intrínseca, encontró refugio. Dice que esas personas fueron quienes realmente conocieron a Daniel: el Daniel niño.

Daniel Ballesteros Pérez, de diecisiete años, fue el primer adolescente asesinado al interior del moderno centro penitenciario que se había anunciado con bombos y platillos en 2012. Sería el primer centro para jóvenes privados de libertad con administración mixta donde solo la planta directiva estaba contratada por Sename (la administración, Gendarmería y la custodia), el resto de las actividades y profesionales dependía de servicios externos (terapeutas, psicólogos, asistentes sociales y educadores).

Este modelo de reinserción en manos de la Corporación de Educación Rehabilitación y Capacitación (Cercap) no dio resultado, y el 11 de noviembre de 2013 se terminó el contrato de manera sorpresiva. El mismo año, un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) denunció el millonario convenio que se había firmado en marzo de 2012, por $ 5.984.130.000. El 12 de noviembre, el

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