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LIBERALISMO EN TIEMPOS DE CóLERA

Andrés Velasco   Daniel Brieba  

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Fragmento

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El muro de Donald: los liberales frente al populismo

EL POPULISMO AL ATAQUE

El conflicto político de la segunda mitad del siglo XX fue entre la derecha y la izquierda. El gran conflicto de la primera mitad del siglo XXI será entre los populistas y los defensores de la democracia liberal.

Donald Trump gobierna los Estados Unidos, una nación de 330 millones de personas; 170 millones de europeos viven en países con al menos un político populista en el gabinete;1 en América Latina, al populismo de Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia recientemente se le ha sumado la versión izquierdista de Andrés Manuel López Obrador en México —un país de 130 millones de habitantes— y la versión derechista de Jair Bolsonaro en Brasil, una nación aún más grande, de 210 millones de personas. Corresponde incluir también a las Filipinas, con más de 100 millones de personas, y a Turquía, con una población que bordea los 80 millones. Esta contabilidad rápida arroja, vemos, más de mil millones de personas que viven en la actualidad bajo gobernantes populistas. Y si además sumamos a la India de Narendra Modi, un líder con rasgos que se asemejan mucho al populismo, esta suma asciende a más de 2.400 millones de personas, casi un tercio de la humanidad.

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Un optimista podría pensar que esa epidemia que ha azotado a diversas partes del planeta no ha llegado ni va a llegar a Chile. Pero tal conjetura al menos parece arriesgada y podría resultar catastróficamente errada.

Chile suele ser un reflejo fiel de los ciclos políticos globales. En la década del sesenta, la revolución estudiantil estalló en París, Nueva York y Berkeley y acto seguido en las universidades chilenas; nuestro 11 de septiembre de 1973 llegó tras golpes de Estado similares en Argentina, Brasil y Uruguay;2 volvimos a la democracia en 1990, pero solo después de que los mismos tres países lo hubieran logrado; al cabo de la crisis financiera internacional de 2008-09, los indignados salieron a la calle en innumerables países —y por supuesto también en Chile a partir del 2011—.

Hoy el populismo avanza. ¿Replicará una vez más Chile el ciclo global? El riesgo merece al menos empezar a tomar ya las debidas precauciones.

La definición más común del populismo es de índole económica. Es populista un gobierno que gasta y se endeuda en exceso, aunque ello pueda acarrear una crisis inflacionaria o financiera en el futuro. Esas políticas económicas que son «pan para hoy y hambre para mañana» tienen una larga historia en América Latina. Fueron populistas en este sentido Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil, al igual que Salvador Allende en Chile, Alan García en Perú —por lo menos durante su primer período—, Daniel Ortega en Nicaragua y tantos otros. En todos los casos, el «pato» no lo pagaron los ricos, que casi siempre pudieron sacar a tiempo su dinero del país, sino las clases media y baja, que perdieron sus empleos y presenciaron atónitas cómo la hiperinflación o los colapsos bancarios consumían sus ahorros.

A pesar de sus reiterados y espectaculares fracasos, el populismo económico dista mucho de desaparecer. En años recientes, Hugo Chávez y Nicolás Maduro han aplicado en Venezuela acaso la versión más extrema del populismo que conozca nuestra región, y de paso han destruido la economía de ese país. Los planes económicos de Trump, con su énfasis en los aumentos del gasto en defensa, las rebajas de impuestos para los ricos, y el proteccionismo comercial, son de insoslayable orientación populista.

En el Chile actual, la estabilidad monetaria y fiscal hasta ahora parecen seguir a buen recaudo —«toquemos madera» para que eso no cambie—, pero la tristemente célebre retroexcavadora del senador Jaime Quintana, con su promesa de cambios radicales «aquí y ahora», sin dar tiempo para pensar, evaluar, diseñar y aplicar con cuidado esos cambios, preocupándose de sus consecuencias futuras, bastante tuvo de populismo. Y las promesas que los partidos de derecha hacen ritualmente en cada ciclo electoral —entregar más beneficios, bajar los impuestos y reducir el déficit fiscal, todo al mismo tiempo— tienen un innegable tufillo populista.

Como vemos, el populismo de índole económica es una amenaza permanente. Sin embargo, hoy es mucho más amenazante el populismo político.

¿Qué tienen en común Donald Trump y Nicolás Maduro, Viktor Orbán y Andrés Manuel López Obrador, Rodrigo Duterte y Daniel Ortega, Jean-Marie Le Pen y Pablo Iglesias? Un modo populista de hacer política.

El populismo avanza no solo porque lo adoptan líderes carismáticos, o porque gana votos haciendo caso omiso de las reglas de la ortodoxia económica, sino porque ofrece una alternativa política e ideológica potente, amparada en una tríada peligrosa: la negación de la complejidad, el antipluralismo y una versión torcida de la legitimidad política y la representación.

¿Construir más escuelas o más hospitales? ¿Liberalizar o restringir el aborto? ¿Cómo detener el calentamiento global? Las decisiones colectivas son complejas. No tienen respuestas fáciles. Que existan diversos puntos de vista sobre qué hacer y cómo hacerlo resulta natural y legítimo. Esa es la esencia del pluralismo, que a su vez es uno de los elementos constitutivos de la democracia liberal.

Los populistas niegan todo esto. Según afirmó el sociólogo Ralf Dahrendorf, «el populismo es simple, la democracia es compleja».3 ¿Preocupa la inmigración ilegal? Construyamos un muro que nos separe del vecino, exige Trump. Para qué enredarnos con las múltiples causas y consecuencias de los flujos migratorios, cuando basta con proponer una solución que parece resolverlo todo (aunque en realidad no arregle nada).

Y si todo problema social tiene una solución simple, entonces la persistencia de tales problemas solo puede deberse a que alguien no quiere o no permite que se solucionen. En la versión izquierdista del populismo, ese villano es la elite; en la versión derechista, junto con la elite el villano también puede ser el otro, la minoría, el inmigrante, el extranjero.

Los populistas saben cómo convertir el simplismo en el tipo de descalificación que rinde en las urnas. Según Arthur Finkelstein, decano de los consultores políticos de derecha en Estados Unidos, consejero de Nixon, Reagan, Netanyahu y Orbán, mentor de Roger Stone y de varios otros asesores de Trump, «el tipo que dice “Tengo un plan de siete puntos para mejorar las pensiones” siempre pierde frente al tipo que dice “¡Que se vayan todos! ¡Fuera de aquí!”».4

Para Cas Mudde y Cristóbal Rovira, el populismo es una «ideología delgada» que se puede combinar con posiciones sustantivas de toda clase –por ejemplo, con el nacionalismo excluyente en la derecha o con el anticapitalismo en la izquierda–. El corazón de esa «ideología delgada» es la oposición entre pueblo virtuoso y elite corrupta, junto con la convicción de que la voluntad del pueblo (virtuoso) siempre debe primar.5 Añade Jan-Werner Müller, politólogo de la Universidad de Princeton, que esta «interpretación moralista de la política» es central al modo populista de hacer política.6 Quien sustenta la postura supuestamente unitaria del pueblo es moral; los demás son inmorales, representantes de intereses foráneos o lacayos de una elite corrupta.

Hugo Chávez fue el exponente más claro de este estilo, pero ciertamente no el único. Pablo Iglesias y sus compañeros de Podemos dividen a España entre quienes pertenecen a «la casta» y los que no. «Recuperemos el control», lema de los Brexiteers británicos, deja claro quiénes supuestamente han usurpado tal control: los extranjeros que ejercen el poder desde Bruselas y la elite entreguista de Londres que acepta, con mucho gusto, instructivos foráneos.

Para quienes detentan esta visión, no cualquiera puede hablar y actuar por el pueblo. Los populistas pretenden —y esto es clave para entender el fenómeno— la delegación exclusiva. Trump alardeó en su discurso ante la Convención del Partido Republicano: «Yo soy el único que puede arreglar esto». La voz del pueblo, sostienen los populistas, solo puede expresarse a través de... liderazgos populistas.

Por ello, los pesos y contrapesos propios de la democracia liberal, con sus interminables debates parlamentarios, no se justifican: si la voz del pueblo es única y buena, ¿quién podría querer contradecirla o, menos aún, contrapesarla? Los complejos mecanismos de representación parlamentaria tampoco son necesarios, porque la voluntad unitaria del pueblo se puede expresar a través de un solo voto o, mejor aún, a través de un líder que ya sabe lo que el pueblo quiere. Por eso, agrega Müller, los populistas tienen problemas con las instituciones representativas solo cuando no son ellos mismos quienes las controlan. Y aunque gustan de los plebiscitos, recurren a ellos solo cuando estiman que el pueblo confirmará la opinión del líder.

Por todo lo anterior, el populismo es profundamente «iliberal», y puede llegar a ser derechamente antidemocrático. La democracia, así, a secas, es el gobierno de la mayoría. La democracia liberal profundiza esta definición, al añadir el reconocimiento de la diversidad de perspectivas e intereses, y la existencia de mecanismos para garantizar que, dada esa diversidad, la mayoría no le ponga el pie encima a la minoría y vulnere sus derechos. Hay un corto trecho desde el populismo a la democracia iliberal de, por ejemplo, la Hungría de Orbán, la Turquía de Erdoğan, o la Venezuela de los primeros años de Chávez.7 Y otro corto trecho desde esa etapa iliberal a la dictadura sin tapujos de Nicolás Maduro.

Definido así el populismo, podría pensarse que en el Chile post 1990 ha sido relativamente escaso. Pero en la elección del 2013 hubo por primera vez candidatos —como Franco Parisi y Roxana Miranda— que usaron el contraste entre un pueblo virtuoso y una elite corrupta como su caballo de batalla.

No se detuvo ahí la cosa. En la elección del 2017 José Antonio Kast desarrolló una narrativa populista de manual para mostrar, como afirmó Cristóbal Bellolio, que «Kast está del lado del verdadero pueblo y su adversario es la elite».8 El discurso de «los poderosos de siempre» enarbolado por la antigua Nueva Mayoría, y la pretensión del Frente Amplio de ser el único detentor de la moral frente a una elite política y económica corrupta, también tienen bastante de populismo. En abril de 2018, la encuesta Criteria mostraba a Beatriz Sánchez encabezando las preferencias para una futura presidencia, seguida de José Antonio Kast. En diciembre del mismo año, Kast superaba a Sánchez por un leve margen. Desde entonces, ambos han seguido en la punta de ese sondeo.9

Y como ha ocurrido repetidamente en Europa, los partidos tradicionales se mueven hacia los extremos en un intento —casi siempre inútil— de robarles las banderas a los populistas.10 Hoy la crítica al «modelo» del ala izquierda de la ex Nueva Mayoría es idéntica a la del Frente Amplio. Y cuando el gobierno de Sebastián Piñera apiña decenas de inmigrantes en un avión militar y los deporta con un gran operativo de prensa, no está haciendo otra cosa que tratar de evitar que el nuevo populismo lo desborde por la derecha.

Ni en la derecha ni en la izquierda chilena existe aún un populismo comparable al que vemos en otros países de la región y del mundo. Pero quien sostenga que las tendencias populistas no tienen cabida en Chile está practicando el hábito del avestruz: enterrar la cabeza y negar la realidad.

SE BUSCAN IDEAS

Las posturas del populismo podrán ser cuestionables, pero está cada día más claro que eso no obsta para que sean políticamente atractivas. Al populismo no se le combate simplemente tildándolo de tal; se le combate con ideas. Y los actores principales de la política chilena están notablemente desprovistos de ideas.

La Concertación gobernó Chile por veinte años y dejó como legado un país más próspero, más democrático y con menos temores. Pero no legó ideas.

El partido demócrata de Bill Clinton y Barack Obama, el laborismo británico bajo Tony Blair, el socialismo español en la época de Felipe González y la centroizquierda brasileña en la era de Fernando Henrique Cardoso se reinventaron con debates intensos sobre cómo conjugar libertad e igualdad, con cuánto mercado y cuánto Estado, cuánta apertura al exterior y cuánto desarrollo hacia adentro. Poco o nada de esto ocurrió en Chile.

Los gobiernos de la Concertación consolidaron un importante rol para el mercado en la vida económica del país, pero nunca discutieron por qué eso era bueno ni qué límites se debían fijar. Firmaron acuerdos de libre comercio, pero rara vez explicaron por qué abrirse al mundo era deseable para Chile. Construyeron un sistema de servicios sociales con prestadores públicos y privados, pero no explicitaron ni las fortalezas ni las debilidades de ese sistema. Permitieron un papel importante para la educación particular, pero no discutieron los pros y contras de esa decisión.

El resultado es que, enfrentados a la crítica del Frente Amplio de que solo se perpetuaron desigualdades, muchos ex concertacionistas no tienen palabras para explicar el sentido de lo obrado. Algunos optan por guardar silencio. Otros —los más—, ya sea por carencia de argumentos o por conveniencia política de corto plazo, prefieren darles la razón a esos críticos y concluyen ruborizados que en veinte años no se hizo otra cosa que administrar el «modelo de Pinochet». Es decir, cuando son blanco de la crítica clásicamente populista de que la centroizquierda habría actuado para favorecer a la «elite» y en desmedro del «pueblo», en vez de desmentir esa crítica con argumentos, simplemente ceden y se entregan a ella.

Así las cosas, los partidos tradicionales del carril izquierdo de la política nacional no tienen los argumentos para erigirse en un bastión efectivo contra el populismo. Con los partidos tradicionales de derecha ocurre algo similar.

El primer gobierno de Sebastián Piñera se empeñó en que sus principios serían aplicados por «los mejores», pero no invirtió mucho tiempo y energías en explicar cuáles eran esos principios. Tuvo un adecuado desempeño económico, pero cuesta dar con una idea nueva que ese gobierno haya aportado a la conversación nacional.

Los partidos de derecha además hacen gala, con importantes pero escasas excepciones, de su antiintelectualismo. Abundan los centros de estudios de derecha, pero tienden a producir más análisis económicos y sectoriales que narrativas conceptuales sobre los principios del sector.

Existe, claro está, un conjunto de ideas propias de la derecha chilena del último medio siglo, que en este libro llamamos la doctrina «Chicago-gremialista». Pero esa doctrina, como veremos, tiene mucho más que decir sobre la no interferencia del Estado en la economía que sobre el valor intrínseco de la democracia y del pluralismo, o sobre la importancia de la inclusión y la igual ciudadanía. Por ello, es perfectamente compatible con discursos y prácticas populistas.

Es cierto que la derecha «piñerista», hoy de regreso en el gobierno, parece no tomarse muy en serio esta doctrina. Echa mano a ella cuando le resulta conveniente y a menudo la deja de lado, provocando así la crítica de que Piñera no defiende «los principios del sector». Pero el presidente y su círculo tampoco han mostrado mayor interés en elaborar principios alternativos, cosa que los pone en desventaja a la hora de construir una narrativa acerca de por qué hacen lo que hacen. La consecuencia es que en ese espacio ideológico conservador, hasta el momento casi vacío, empiezan a instalarse los vagones de un nuevo populismo de derecha.

EL PASADO YA VIENE

Luchar contra los populismos es fundamental, pero también lo es avanzar hacia el desarrollo económico y social inclusivo. Como mostró la elección presidencial del 2017, en este ámbito las ideas también escasean. Ganó esa elección el candidato que hizo del crecimiento económico su mantra. Sebastián Piñera argumentó que la libertad económica resulta clave para obtener dicho crecimiento; pero más allá de proponer ciertas simplificaciones tributarias y regulatorias, se quedó en las generalidades a la hora de explicar a los electores cómo lograría esa expansión. Basta, pareció decir, con que un candidato de derecha llegue a habitar La Moneda para que se desaten los «espíritus animales» de los que habló John Maynard Keynes y retornen la inversión y el crecimiento. Eso acaso sea cierto por unos meses. ¿Y más adelante? ¿Con qué medidas pretendía superar fallas de mercado, diversificar las exportaciones y aumentar la productividad? El entonces candidato a la presidencia no respondió.

Piñera hizo algún intento por presentar a su sector político como una derecha «social» y ya no solo «económica», pero dijo poco sobre cómo asegurar las condiciones materiales y sociales para que todos —incluidos los más pobres— puedan desarrollar sus proyectos de vida con autonomía. Tampoco llegó a aclarar si a su sector le preocupan realmente las agudas e injustas desigualdades que cruzan nuestra sociedad o, por el contrario, se conforma con combatir la pobreza extrema sin tocar los fundamentos de la sociedad clasista y jerárquica en la que vivimos.

Por su parte, sus principales rivales en la pasada elección —Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez— hablaron mucho menos sobre la necesidad de retomar el crecimiento económico, y mucho más sobre la necesidad de avanzar en derechos sociales e igualdad. Los «candidatos de la igualdad» pusieron —como está en boga— mucho énfasis en el financiamiento de la educación superior, incluyendo la condonación de deudas a exuniversitarios. Pero sobre las causas de fondo de la desigualdad —el descuido sistemático de la niñez, la deserción escolar, la calidad insuficiente de la educación, el dispar acceso a las nuevas tecnologías, el escaso empleo para mujeres y jóvenes, la segregación urbana, la discriminación laboral, el clasismo— tuvieron poco y nada que decir. Los discursos de Guillier y de Sánchez tampoco apelaron a las experiencias de esos millones de personas que han buscado en el consumo autonomía e identidad y en la educación particular las oportunidades que demasiadas veces la educación pública no ofrece.

Fue una elección acerca del pasado, no del futuro.

El mayor damnificado en la elección del 2017 fue el centro político —o los centros políticos—. La Democracia Cristiana perdió un tercio de sus diputados y levantó una candidatura presidencial que obtuvo muy pocos votos. El expresidente Lagos apoyó a numerosos candidatos al Congreso y apenas uno de ellos tuvo éxito. Amplitud y Ciudadanos, dos partidos nuevos, no lograron elegir ni a un solo parlamentario. Evópoli obtuvo un mejor resultado, pero a costa de tener que compartir el paraguas electoral con la UDI, desdibujando así su perfil centrista. Como en el poema de William Butler Yeats de hace un siglo: «Todo se desmorona, el centro cede».11

Desde la vuelta a la democracia en 1990, nunca el centro político había estado tan debilitado.

Este fracaso tuvo múltiples causas de táctica y estrategia política. Pero también fue un fracaso de las ideas. O, mejor dicho, fue un fracaso debido —al menos en parte— a la ausencia de estas. El centro en sus diversas tradiciones —liberal, socialcristiana, socialdemócrata— no escapa a la crítica de que se ha ido quedando con mucha praxis y poca doctrina. Hoy no existe un conjunto distintivo y reconocible de ideas que sea propio del centro y que pueda servir de base tanto para la construcción de una sociedad más justa como para el combate contra el populismo en cualquiera de sus variantes.

EL DESAFÍO

Al igual que tantos millones de compatriotas que decidieron no votar en la elección del 2017, y también como muchos otros que renuentemente sí lo hicieron, los autores de este libro no nos conformamos con lo que los principales candidatos y sus coaliciones plantearon —y dejaron de plantear— en la última elección.

Más aún: no estamos satisfechos con la política que hoy predomina en Chile —en la izquierda, en la derecha, y en lo que queda del centro—. El marco actual del debate político ni ayuda a clarificar los enormes retos que Chile enfrenta ni da luces sobre cómo abordarlos. Y vemos con preocupación cómo la inexistencia de proyectos políticos convocantes deja el campo abierto al populismo.

Escribir este libro es, por lo tanto, un acto de rebeldía. Pero también un acto de esperanza: creemos que las cosas no tienen por qué ser como son. Estamos ciertos de que hay ideas que pueden mejorar nuestro debate político y ayudarnos a construir una sociedad más próspera y justa. Nuestro propósito es desarrollar esas ideas y mostrar cómo y por qué son distintas a las que predominan en el discurso político actual, y en qué sentido permiten ir más allá de las gastadas oposiciones entre libertad e igualdad, y entre Estado y mercado, que dominan hasta hoy nuestros debates. Creemos que lo que aquí llamaremos «liberalismo igualitario» es una potente alternativa, tanto al «Chicago-gremialismo» de la derecha (también llamado «neoliberalismo» por muchos) como al socialismo «a la Atria» que actualmente domina tanto en el Frente Amplio como en buena parte de la ex Nueva Mayoría.

Nuestra perspectiva es de centro.12 Los autores de este libro creemos que las tareas de lograr un desarrollo inclusivo y ponerle atajo al populismo son más difíciles sin un centro político potente. Pero ese centro no debe ser solo un accidente geográfico —una parada en el trayecto entre izquierda y derecha—, sino lo que el sociólogo británico Anthony Giddens llamó un «centro radical», es decir, ideológicamente intenso.13 Más que un centro a secas, exclusivamente pragmático, debe ser un centro con apellido. Liberal, progresista e igualitario, que combine los valores de la libertad y la igualdad y apele a ambos simultáneamente.

Creemos que esta postura corresponde a la de una gran mayoría de chilenos que no se opone al esfuerzo y el mérito pero sí al privilegio, que quiere gozar de derechos sociales y a la vez que se recompense la iniciativa individual, que busca libertad para desplegar su proyecto de vida sin por ello renunciar a vivir en una comunidad democrática de iguales.

Este libro busca articular teóricamente esta perspectiva y mostrar que estos objetivos son deseables y compatibles entre sí.

EL ARGUMENTO

Las ideas que Chile necesita son muy distintas a las de derechas e izquierdas convencionales.14 La derecha «Chicago-gremialista» —aquella que desde el retorno a la democracia ha dominado política e intelectualmente al sector— se funda en un cierto ideal de libertad. Pero este ideal, como veremos en el capítulo 2 de este libro, implica exclusivamente una «libertad negativa» o de no interferencia por parte de terceros en la acción propia. Entendida así la libertad, y postulada como el principio político más importante de todos, la defensa de la no interferencia le pone estrictos límites a la intervención del Estado en la vida social.

La libertad entendida como no interferencia es un ideal político importante. Sin embargo, situarlo como principio supremo de la acción política es un error, puesto que nos lleva a desviar la mirada del asunto de fondo: cómo generar las condiciones materiales y sociales que permitan a todos vivir vidas efectivamente libres. La derecha ha quedado atrapada en un conjunto de principios que le impiden admitir que ciertas desigualdades (materiales y sociales) sí son políticamente relevantes.

Pero el camino de la derecha no es el único. Veremos en el capítulo 2 que al poner también sobre la mesa otras dos concepciones de libertad —la libertad entendida como no dominación y la libertad como ejercicio de capacidades—, es posible generar una comprensión más profunda de lo que significa ser libre. Ello a su vez constituye una justificación para que el Estado tenga más musculatura —e interfiera más activamente en la vida social— que lo que permite la idea de Estado mínimo tradicionalmente defendida por la derecha.

Si la bandera de la derecha es la libertad, la de la izquierda suele ser la igualdad. Pero no es útil hablar de igualdad —sostenemos en el capítulo 3— sin especificar a qué tipo de igualdad aspiramos: no es lo mismo la igualdad de ingresos que de oportunidades, y ambas son distintas a la igualdad de derechos.

Más aún: satisfacer ciertos tipos de igualdad implica inevitablemente aceptar desigualdades en otros espacios. Tampoco es lo mismo aspirar a la igualdad plena (de algo) que a acotar o disminuir ciertas desigualdades relevantes.

Para decidir sobre esto —qué desigualdades son las problemáticas, qué prioridad tiene cada una respecto a otras y cuánta desigualdad es tolerable en cada caso— necesitamos una teoría de la justicia. Acerca de todo ello la izquierda chilena ha reflexionado poco o nada.

El «nuevo paradigma» de los derechos sociales articulado por Fernando Atria es una excepción importante —aunque limitada a solo un aspecto— a esta desprolijidad de la izquierda. Atria sostiene que los derechos sociales consisten en la provisión igualitaria y «descomodificada» de ciertos bienes y servicios. Coincidimos con Atria en que los derechos sociales son parte de lo que implica ser ciudadano en una comunidad democrática. Pero diferimos en la manera de comprender qué son los derechos sociales, y en las formas institucionales y obligaciones políticas que su satisfacción exige.

Nos parece que los derechos sociales deben ser entendidos como el acceso garantizado a ciertas prestaciones. Esta es una comprensión más útil, más flexible y —en algunos sentidos importantes— más igualitaria que la definición de Atria.

No es un asunto solo de definiciones: una y otra concepción tienen consecuencias muy distintas para la justicia social. Los derechos son importantes, pero al centrarse en sus formas de provisión (sin lucro, con proveedores públicos, etc.) y no en los resultados (como la calidad o el acceso oportuno a la educación y la salud), la izquierda chilena distrae la atención de los factores que de verdad podrían ayudar a igualar oportunidades. Y al reducir el ideal de la igualdad a la satisfacción de derechos sociales, invisibiliza otras tareas tanto o más importantes para lograr una sociedad de iguales.

Habiendo identificado las —a nuestro juicio— carencias conceptuales de los proyectos de derecha e izquierda tradicional, en el capítulo 4 desarrollamos las bases filosóficas de nuestra propuesta liberal igualitaria. Argumentamos que el objetivo básico de la comunidad política es asegurar a todos las bases sociales de su libertad. Pero, y a diferencia de la derecha, esta libertad no la entendemos exclusivamente como no interferencia. Para nosotros la libertad implica que las personas no estén sujetas a dominación alguna y puedan desarrollar las «capacidades» —el término es del economista y filósofo indio Amartya Sen— para vivir vidas sustantivamente libres.

Esto significa que libertad e igualdad no son enemigos sino complementos: ciertos tipos de igualdad son necesarios para garantizar la libertad. Es lo que la filósofa norteamericana Elizabeth Anderson llama «igualdad democrática». Ocurre cuando al interior de una sociedad democrática evitamos relaciones sociales opresivas y en el espacio público nos tratamos como iguales.15

Este enfoque permite precisar qué nos debemos unos ciudadanos a los otros y qué tipos de intervención del Estado —ya sea redistribución de ingresos, educación, salud, o muchas otras— se justifican. Nos debemos mutuamente, por ejemplo, el derecho a una educación que nos permita desarrollar las destrezas y talentos suficientes para desempeñarnos como iguales ciudadanos, y para ser tratados como tales.

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